Las 12 alcaldías de Ahuachapán incumplen con la disposición de crear un lactario institucional, que es obligatorio según el artículo 35 de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, aprobada por la Asamblea Legislativa el 2 de julio de 2013.

Este artículo obliga a las microempresas, empresas, universidades, instituciones públicas y privadas a disponer de lactarios, que son espacios higiénicos para la extracción y conservación de leche materna.

De esta manera se estaría garantizando el derecho a la lactancia materna de los infantes de seis meses a dos años de edad, así como el derecho de las madres de familia de amamantar a sus hijos; además, se determina que es una obligación del Estado el garantizar esos procesos.

El funcionamiento de estos lactarios, según la ley, estaría reglamentado por el Ministerio de Salud (MINSAL) y supervisado a través de la Comisión Nacional de la Lactancia Materna (CONALAM), que lo integran varias instituciones del Estado.

De acuerdo con los alcaldes del departamento de Ahuachapán, la carencia de estos espacios se debe al desconocimiento de la ley, que contiene 66 artículos, y cuya promoción está bajo el cargo de oficinas vinculadas al tema, como el caso del MINSAL, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las unidades comunitarias de Salud Familiar (UCSF).

“No hemos recibido mayor información. Solo se nos ha hecho mención por parte de la directora de la unidad de salud de la importancia de la lactancia materna y que hay una ley, pero no hemos tenido un taller, pero sí se ha hecho mención de la importancia de la ley”, reconoció el alcalde de San Pedro Puxtla, Carlos Armando Joma Cabrera.

Otros jefes de comuna, como el de El Refugio, dijeron que, aparte del desconocimiento de la ley, no cuentan con los recursos económicos para la construcción de un espacio para los lactarios. “Ahorita estamos haciendo un montón de proyectos y vamos a ver si logramos hacer ese movimiento. Vamos a ver los recursos, porque depende de eso; sabemos que hay que hacer esto y aquello, pero no tenemos los fondos (económicos) suficientes”, manifestó Wilfredo Barrientos, alcalde de El Refugio.

Fuentes conocedoras del tema manifestaron que los espacios destinados a los lactarios pueden ser incluso oficinas pequeñas que reúnan ciertas normas de higiene y privacidad para las madres que harán uso de estas.

“Nosotros en la unidad de salud no tenemos un espacio destinado para el lactario ni mucho menos construido uno. Lo que se hace con las madres que están dando pecho es que la doctora encargada cede su oficina para que esta haga la función del lactario. Es un lugar que se mantiene limpio y reservado”, contó una trabajadora del Ministerio de Salud en Ahuachapán.

Según el alcalde de la cabecera departamental, Abilio Flores, a pesar de tener buenas relaciones con el MINSAL, no han tenido mayor información sobre la ley. Al hacerlo dispondría de los recursos municipales para la creación de los lactarios.

“No tenemos un espacio para la extracción de la leche materna, pero sí estamos en la disposición de adecuarlo si así lo demanda, si es un artículo de ley que hay que cumplir. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún inconveniente”, aseveró Flores.

En otras comunas, como la de Atiquizaya, explicaron que por iniciativa propia han estudiado y analizado la ley y, a partir de eso, se han esforzado en crear un espacio pertinente para la alimentación de un infante; sin embargo, de acuerdo con el mismo cuerpo legal, este no cumple con los requisitos para ser clasificado como un lactario.

“Estamos en proceso de información. La hemos conocido pero no a través de la unidad de salud, que es prácticamente a la que le corresponde la divulgación. Hemos conocido de la ley y de alguna manera hemos tratado de acoplar un espacio para eso”, manifestó María Magdalena Mágico Góchez, miembro del concejo municipal de Atiquizaya.

Mágico añadió que el Centro de Formación de la Mujer del municipio es el espacio donde se ha habilitado una pequeña sala para una trabajadora municipal que debe amamantar.

Otra de las alcaldías que ha puesto manos en el tema es la de Apaneca.

De acuerdo con Osmín Antonio Guzmán Escobar, el jefe municipal, sí están informados sobre la ley, pero no cuentan con un lugar que funcione como lactario.

“Por el momento no lo tenemos, pero ya tenemos información y hay una comisión que ha estado trabajando con el Ministerio (de Salud). A esta altura lo que tenemos es una clínica y ahí podemos hacerlo”, consideró el jefe de comuna.

Deben pedirlo

Ante los señalamientos de que el MINSAL es la instancia encargada de realizar jornadas informativas entre los 12 concejos municipales de Ahuachapán, autoridades regionales del ministerio reaccionaron afirmando que son las mismas alcaldías las que deben solicitar las capacitaciones.

“Desconocemos las dificultades que se tengan en las instituciones en la adecuación de estos espacios para la extracción de la leche materna; sin embargo, nosotros como Ministerio de Salud estamos dispuesta a apoyar, como por ejemplo con capacitaciones a través de las nutricionistas que tenemos en la región, SIBASI y en algunas unidades comunitarias de Salud Familiar de la cabecera departamental. Esta capacitación la pueden recibir a través de una solicitud, ya sea a los SIBASI o la regional de Salud”, explicó Dora María Vega, directora de Salud de occidente.

Hasta el momento, según Vega, ninguna de las 12 alcaldías del departamento de Ahuachapán ha solicitado al MINSAL la información sobre la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, y que, de incumplirse, como toda ley del país, podría acarrear ciertas infracciones.

“Ya está establecido el proceso sancionatorio en el caso que se haga una inspección; y ahí somos sujetos todos los organismos del Estado de poder caer en un incumplimiento y hacernos acreedores de una sanción. La ley especifica cuántos salarios mínimos puede hacerse acreedora una institución de no estar cumpliendo esta ley de la lactancia”, dijo la jefa de la zona occidental del MINSAL.

Algunos avances

Para el Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA), durante los últimos años y desde la aprobación de la ley, hace tres, el país ha demostrado importantes avances en esta materia.

De acuerdo con la directora ejecutiva de CALMA, Ana Josefa Blanco, en 2014 el MINSAL junto al Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y los representantes del CONALAM visitaron 850 instituciones, entre públicas y privadas, para verificar que se cumpliera con la ley. Del total, 532 la aplicaban, mientras que 318 instituciones se encontraban aún al margen.

Blanco señaló que el año pasado las empresas inspeccionadas que no cumplían con la aplicación de la normativa se redujeron a 121, por lo que consideró que cada vez se encuentran mejor informadas y aplican la normativa de una manera más rápida y efectiva.