Esta solicitud la hizo en el marco de la Ley de Promoción de Lactancia Materna, que dispone un periodo de lactancia exclusiva de seis meses y complementada que se extiende hasta los dos años de edad.

Sin embargo, la respuesta fue un sumario por calumnia y faltas contra la disciplina militar, pues en la nota utilizaba términos jurídicos y no castrenses. La militar no incorporó la introducción “tengo el honor de dirigirme a usted” y advertía que la institución está violando un derecho del menor. Fueron estas faltas las que enfurecieron a sus superiores.

Este lunes, en su declaración, Quinteros pidió una rectificación, pues su intención no fue ofender a las autoridades castrenses y según su abogado, Carlos Mendoza, se trató de un error de forma.

En cuanto a la causa de su hijo, la jueza Rosalba Garay otorgó una medida cautelar para que la militar sea excluida de las guardias prolongadas e instó al presidente de la República, Horacio Cartes, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, para que cumpla esta disposición, que incluye la habilitación de una sala de lactancia en la unidad castrense.

Pero esta orden no se cumplió y el desacato de esta orden judicial involucra al mismo Cartes.

“Ahora tenemos que imputarle a Cartes y a Cartes no se le puede imputar porque es el presidente de la República”, expresó este lunes el abogado en comunicación con Radio Monumental.

La pena por desacato de una orden judicial va desde seis meses hasta dos años de prisión o multa. Si bien el presidente no puede ser procesado por esta causa, afecta a su imagen como mandatario y garante de los derechos de los paraguayos y paraguayas.

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia remitió esta falta a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.

Mendoza refiere que la norma que rige en las Fuerzas Militares desde 1980 es de carácter inquisitivo y no se ajusta a los tiempos actuales de democracia.

Pero también critica la Ley de Lactancia Materna, pues no incluye a las madres que trabajan en la milicia. Igualmente, sostiene que este derecho debe cumplirse en base a normas internacionales de Derechos Humanos.