Este martes, la Procuraduría General de la Nación anunció en un comunicado que solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el parágrafo único del artículo segundo de la Ley 1823 de 2017, en el que se obliga a adecuar salas de lactancia a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o a aquellas con capitales inferiores a ese monto pero con más de 50 empleadas.

“La solicitud se hizo luego de la demanda presentada por cuatro ciudadanos, quienes consideran que la Ley viola el derecho a la igualdad entre madres lactantes y se afectan los derechos de los menores al privarlos de los beneficios que tienen como recién nacidos”, afirmó el ente.

En cambio, la Procuraduría señaló que la medida adoptada es idónea porque persigue dos objetivos constitucionales como garantizar el acceso de los bebés a la lactancia materna y no limitar el crecimiento de las pequeñas empresas.

“Para el Ministerio Público la norma atacada no solo es idónea para proteger a las madres e hijos lactantes, sino que la condición para el acceso persigue objetivos legítimos como la protección del derecho al trabajo formal, garantiza una igualdad y desestimula eventuales barreras para las mujeres en su acceso al mercado laboral”, concluyó.